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Este 28 de agosto, la ALGEC conmemora el Día Nacional de la Ancianidad en Argentina inscribiendo el histórico Decálogo de los Derechos de la Ancianidad en las luchas contemporáneas por la sostenibilidad de la vida. A 78 años de aquella proclamación pionera, reafirmamos que el cuidado no constituye un gasto ni un privilegio individual, sino un derecho humano fundamental y un deber del Estado. En este marco, celebramos y respaldamos el reciente Acuerdo Nacional por los Cuidados, una alianza multisectorial que fija una hoja de ruta indispensable para proteger la dignidad de las vejeces frente al deterioro de las condiciones socioeconómicas actuales en el país.
Cada 28 de agosto invita a la memoria histórica y a la acción política situada. En esta fecha del año 1948, se proclamó en la Argentina el Decálogo de los Derechos de la Ancianidad, un marco normativo pionero que sentó las bases para consagrar la garantía de vivienda, salud, asistencia, alimentación y tranquilidad como responsabilidades indelegables del Estado. Aquel paradigma de protección social colocó al país a la vanguardia internacional en el reconocimiento de la dignidad en la vejez.
Casi ocho décadas después, las personas mayores de Argentina atraviesan un escenario complejo, signado por el desmantelamiento de políticas públicas de acompañamiento, la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos jubilatorios y el avance de dinámicas de endeudamiento que vulneran la autonomía en la vejez. Esta situación de emergencia se evidencia en la drástica caída del acceso a medicamentos con cobertura del 100% por PAMI, que pasó de 4,6 millones a solo 1,6 millones de afiliados. Frente a esta coyuntura socioeconómica, el espíritu normativo de 1948 exige ser actualizado con herramientas colectivas capaces de dar respuesta a las transformaciones demográficas e institucionales del siglo XXI.
En esta línea, desde ALGEC destacamos la histórica presentación del Acuerdo Nacional por los Cuidados, un consenso federal gestado desde la multisectorial “La cocina de los cuidados” que ya suma la adhesión de más de 250 organizaciones sociales, sindicales, académicas y territoriales, 14 universidades nacionales y más de 50 municipios. Esta iniciativa busca visibilizar el impacto de las medidas de ajuste sobre la infraestructura del cuidado y proponer un programa integral de políticas públicas orientado a la justicia distributiva, en una sociedad cada vez más longeva donde para el 2050 las personas mayores de 60 años superarán el 22% de la población.
Nuestra presidenta, Mónica Roqué, participó activamente del lanzamiento de este documento junto a referentes de las centrales sindicales (CGT y CTAs), organizaciones de la economía popular (UTEP), organismos de derechos humanos como el CELS, redes de personas con discapacidad (REDI) y sectores académicos. Esta articulación diversa demuestra que el abordaje de las vejeces y la dependencia no puede resolverse en el aislamiento ni quedar restringido al ámbito privado o feminizado del hogar, sino que requiere una alianza estratégica entre el tejido social, la academia y el Estado.
El Acuerdo fija 13 puntos vertebrales donde las personas mayores ocupan un lugar prioritario, resumidos en el eje “Una sociedad donde se pueda disfrutar de la vejez”. El documento reclama contar con sistemas previsionales que reconozcan las trayectorias reales de vida y contemplen los años dedicados a las tareas de cuidado, al tiempo que impulsa alternativas que eviten el aislamiento y promuevan la participación activa, como los servicios de teleasistencia, el cuidado domiciliario y las viviendas colectivas. Para la Gerontología Comunitaria, concebir los cuidados como un derecho universal implica garantizar que las personas mayores reciban asistencia adecuada cuando la requieran, pero también que dispongan del tiempo, la autonomía y los recursos económicos para desarrollar sus propios proyectos de vida sin caer en situaciones de precariedad.
Asimismo, el documento pone el foco en la necesidad de jerarquizar el trabajo de quienes cuidan, promoviendo su formación, registro y remuneración digna, al tiempo que reconoce la labor comunitaria realizada en centros de jubilados y comedores territoriales. Desmedicalizar el envejecimiento y valorar el entramado comunitario resulta vital para revertir el viejismo estructural y erradicar las múltiples violencias que afectan la vida cotidiana de las personas mayores.
El consenso alcanzado en torno al Acuerdo Nacional por los Cuidados conecta de manera directa con los principios rectores de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIDHPM). Al igual que el Decálogo de 1948, este acuerdo nos recuerda que disponer recursos para cuidar no representa un gasto improductivo, sino una inversión social indispensable para sostener la vida humana y garantizar el bienestar intergeneracional.
Desde la ALGEC ratificamos nuestro compromiso con la implementación territorial y legislativa de este acuerdo en todo el país. En este Día de la Ancianidad, reafirmamos que defender la vejez es defender el derecho a un futuro con inclusión, equidad y justicia social.
