Prevenir el suicidio en las personas mayores es una responsabilidad social, sanitaria y política
La mortalidad por suicidio entre las personas mayores constituye un problema social, sanitario y político que interpela de manera directa al Estado y a las políticas públicas.
En Argentina, los datos disponibles muestran variaciones importantes en la cantidad de suicidios de personas de 60 años y más durante el período 2017-2024. Según las Bases de Datos de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Nacional, entre 2023 y 2024 se registró un incremento del 9,0% en los suicidios de personas mayores.
Este aumento debe ser analizado en el contexto social y económico en el que transcurre la vejez. El deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones, las dificultades crecientes para acceder a medicamentos, alimentos, servicios de salud y prestaciones sociales, así como las situaciones de soledad, aislamiento y pérdida de redes de apoyo, forman parte de las condiciones que pueden afectar el bienestar y la salud mental de las personas mayores.
Por eso, prevenir el suicidio no puede reducirse a una cuestión individual ni exclusivamente sanitaria. Requiere políticas públicas integrales que garanticen ingresos suficientes, acceso efectivo a la salud, medicamentos y cuidados, participación social, protección de derechos y fortalecimiento de las redes comunitarias.
La prevención debe comenzar mucho antes de una situación de crisis. Escuchar, acompañar, detectar señales de sufrimiento y garantizar el acceso oportuno a profesionales y servicios de salud mental son acciones fundamentales.
La prevención del suicidio en las personas mayores también es una política de derechos humanos.
Contos para pedir ayuda:
Centro de Asistencia al Suicida (CAS): 0800-345-1435, desde todo el país de 8 a 0 horas.
Línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental: 0800-999-0091, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas, los 365 días del año. Hospital Nacional Laura Bonaparte.
